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El Municipio de Málaga amplió hasta fin de año el período abierto en el mes de mayo para efectuar la inscripción, con la intención de hacer más simple el trámite tanto a los dueños como a las clínicas veterinarias que se están encargando de la extracción de las muestras para efectuar la identificación.

El periodo para la identificación genética de los perros y la inscripción de esta información en el registro municipal de animales de compañía acabará el próximo 31 de diciembre, fecha desde la como la no inclusión de estos datos va a poder ser sancionada.

Alarma a los ayuntamientos valencianos contra este sistema pues crea duplicidades en relación a la identificación con microchip –forzaría a los ciudadanos a abonar un par de veces por exactamente el mismo- y por el hecho de que los municipios podrían no tener cobertura legal

Múltiples compañías preparadas han acentuado en los últimos meses una campaña comercial para prestar sus servicios a municipios valencianos, hacer un censo genético y también procurar terminar de esta manera con el inconveniente que piensa que varios dueños de perros no recojan las heces en el momento en que estas defienden en las calles o jardines. Para instaurar el sistema, estas compañías -tras ser adjudicatarias de este sistema- necesitan de la colaboración de clínicas veterinarias de la ciudad en cuestión, que son las encargadas de tomar las muestras de saliva o sangre del perro con las que efectuar la pertinente ficha del ADN del animal. Estos pactos se están haciendo -al revés que en otras zonas de España- sin contar antes con los veterinarios clínicos ni con el Instituto de Veterinarios de Valencia (ICOVV) para estudiar o fijar las condiciones de realización, lo que generó desconfianza entre el colectivo. Frente a las inquietudes despertadas, el ICVV ha amado pronunciarse y denunciar abiertamente las debilidades de un sistema que, pese a haber mejorado en los últimos tiempos, es todavía muy caro, con un difícil roi vía el cobro de sanciones, que crea duplicidades en lo que se refiere al ahora que existe Registro de Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA) -lo que forzaría a los vecinos con perros a abonar un par de veces por exactamente el mismo servicio-, que es poco confiable y que expone serias inquietudes jurídicas.

“Sobre el papel, el sistema semeja solucionar el inconveniente. Pero el esquema expone incógnitas sobre la viabilidad económica, técnica y jurídica”, enseña la presidenta del ICOVV, Inmaculada Ibor. En primera instancia, pide que los ayuntamientos amolden sus ordenanzas para agarrar la obligatoriedad de este nuevo censo genético y sistema de identificación tal como las sanciones por no cumplir la inscripción precisa. Este tema es una cuestión salvable por el hecho de que solo es dependiente de la intención política del consistorio, otra cosa bien diferente es si la regulación autonómica -pues es la Generalitat la que tiene las competencias en temas de confort animal- reconoce este género de identificación desde el ADN, lo que no se contempla ni en la presente legislación ni en el emprendimiento de Ley de Protección, Confort y Tenencia de Animales de Compañía que en este momento se enfrentamiento en Les Corts, que solo relata el microchip como procedimiento de identificación obligatoria en la situacion de los perros.

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